Hace unos meses el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una decisión conjunta por la que se establecía el año 2007 como “Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos – Hacia una sociedad justa”. Su fundamento múltiple explicitaba la “no discriminación” como principio rector de la Unión Europea y la prohibición de la discriminación establecida en la Carta de Derechos Fundamentales que ampara en materia de igualdad de trato a todas las personas de la Unión Europea.

Sin embargo, diez años después del “Año contra el Racismo”, tras el refuerzo legislador, en especial las Directivas Europeas por la igualdad de trato, así como diversas acciones políticas, institucionales y sociales al respecto, el Libro verde titulado “Igualdad y no discriminación en la Unión Europa ampliada” y resoluciones recientes dejan ver que la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, entre otras, están latentes en el seno de los países de la Unión.

Resulta loable que los objetivos del Año Europeo san “concienciar” sobre el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación, así como la problemática de la discriminación múltiple, “estimular” su debate sobre las formas de aumentar la participación de los grupos víctimas de discriminación y la participación equilibrada entre hombres y mujeres, “reconocer” y facilitar la diversidad y la igualdad, subrayando la aportación positiva de las personas y las ventajas de la diversidad, y finalmente, “promover el respeto” para combatir los estereotipos, prejuicios y violencia.

No obstante necesitamos algo más que un “Año Europeo”, necesitamos leyes, políticas y medidas, remover obstáculos y sobre todo que en las instituciones públicas y privadas, sus responsables interioricen que la lucha contra la discriminación constituye un eslabón esencial de toda política de integración, que no solo garantiza la cohesión social, sino que es indispensable en la lucha contra la exclusión de colectivos desfavorecidos. Hay que insistir en promover desde la infancia los valores de tolerancia, paz, igualdad, diversidad y justicia, , y hay que dar al artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea toda la profundidad y alcance posible contra “todo tipo de discriminación” reclamando que esto se traduzca de forma jurídica vinculante en los hechos.

Es hora de reivindicar la “acción positiva frente a la discriminación y la desigualdad, acción positiva o justicia distributiva o igualdad afirmativa, como se quiera formular, pero nunca en confuso concepto de “discriminación positiva”, por que de lo que se trata es de reclamar una intervención activa por parte de instituciones para restablecer un equilibrio dañado que vulnera dignidad y derecho de las personas. Hay también necesidad de completar la legislación y de crear los organismos previstos, como es el caso del Consejo defensor de la Igualdad de Trato, un órgano antidiscriminatorio que tanto se retrasa en nuestro país y que algunas asociaciones venimos reclamando desde hace más de quince años.

El Parlamente Europeo acaba de manifestar en una resolución su preocupación por el aumento de la violencia racista, xenófoba, antisemita y homófoba en Europa. No es para menos, la casuística del odio alcanza cotas de terrorismo racista en Europa del Este y la violencia racial muy grave en todos los países de la Unión. Señala el Parlamento los fondos ultras de los campos de fútbol, internet, los grupos de odio y muchos retos en el ámbito educativo y de los medios de comunicación. Mientras tanto la arrogancia de la intolerancia, en su vertiente discriminatoria o violenta, avanza y no se disponen de los medios adecuados. El Año Europeo es una oportunidad no solo de tomar conciencia sino de adoptar las medidas oportunas, y en España entre otras, aprobar una Ley Integral contra el Racismo y la Intolerancia.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia